El Imperio de Intercorp se Tambalea: La Caída Pública de Carlos Rodríguez Pastor tras la Tragedia del Real Plaza Trujillo

• Publicado en hace 1 mes
• Por Admin-Vlazter

Una tragedia que sacude al grupo empresarial más influyente del Perú

• ¿Negligencia estructural o falla del sistema? El país exige respuestas
• Seis muertos y más de 80 heridos tras el colapso del techo del Real Plaza Trujillo

La tarde del 21 de febrero de 2025 marcó un antes y un después en la percepción pública del Grupo Intercorp. Un techo cayó, literalmente y simbólicamente. El Real Plaza Trujillo, propiedad del conglomerado que lidera Carlos Rodríguez Pastor, colapsó sobre decenas de personas que almorzaban en su patio de comidas.

La tragedia dejó seis muertos, entre ellos una menor de edad, y más de 80 heridos. El Perú entero presenció cómo uno de sus centros comerciales más concurridos se convertía en escenario de dolor y caos.

¿Quién es Carlos Rodríguez Pastor?

Carlos Rodríguez-Pastor Persivale nació en Lima en 1959. Hijo del exministro de Economía del mismo nombre, creció en una familia con fuertes vínculos con el poder político y económico del Perú. Durante el gobierno militar de Velasco, su familia se exilió en Estados Unidos, donde él completó sus estudios.

Se formó en University of California, Berkeley, y luego obtuvo un MBA en Dartmouth College – Tuck School of Business. Tras trabajar en Citibank y Deutsche Bank, regresó al Perú en los años 90, tras la muerte de su padre, para tomar el control de Interbank, que su familia había adquirido luego de la privatización.

Desde entonces, transformó Interbank en el Grupo Intercorp, un conglomerado con más de 70 empresas que operan en:

• Finanzas: Interbancario, Interseguro, Inteligo Bank

• Retail: Supermercados Plaza Vea, Vivanda, Oechsle, Promart

• Educación: Escuelas Innova, UTP, Zegel IPAE

• Salud: Clínica Aviva, Química Suiza

• Tecnología e innovación: La Victoria Lab, Laboratoria (inversionista inicial)

• Inmobiliario y entretenimiento: Real Plaza (dueña del mall de Trujillo), Cineplanet

Intercorp representa casi el 4% del PBI peruano. Su estilo siempre ha sido discreto, alejado de los reflectores, aunque en el mundo empresarial es considerado uno de los hombres más poderosos del país. En 2023, Forbes estimó su fortuna en más de 1,400 millones de dólares, ubicándolo como uno de los hombres más ricos de Perú.

Rodríguez-Pastor ha sido también promotor de una visión de “capitalismo consciente”, con una apuesta fuerte por la educación, el emprendimiento y la innovación. Sin embargo, tras el derrumbe del Real Plaza Trujillo, muchos se preguntan si esa imagen de responsabilidad social está más construida en el marketing que en la práctica empresarial.

Causas estructurales inmediatas

El colapso del techo del food court del Real Plaza Trujillo (21 feb 2025) ocurrió tras intensas lluvias que provocaron acumulación de agua. Ingenieros civiles han señalado que el domo, de 20 m de diámetro, solo estaba diseñado para cargas de 30 kg/m², pero la lluvia pudo generar 100 kg/m² extra en el techo, excediendo su capacidad. Esta sobrecarga por falla del sistema de drenaje habría sido la chispa final. Además, fallas de mantenimiento agravan el problema: videos obtenidos por la prensa y peritajes preliminares muestran vigas principales y secundarias con corrosión por óxido (falta de mantenimiento) y detalles constructivos deficientes en placas de apoyo. Se registraron además bloqueos en inspecciones municipales: tres ingenieros municipales denunciaron que en julio 2024 los gerentes del centro comercial les impidieron revisar el techo (llegaron con abogados para "intimidar") Cabe anotar que meses antes (fines de 2023) el Real Plaza Trujillo fue clausurado por riesgo en instalaciones eléctricas, aunque se reabrió pronto. En el balance, la tragedia revela múltiples omisiones: un diseño apenas adecuado, ausencia de mantenimiento integral (óxidos, canales obstruidos) y supervisión municipal deficiente. Real Plaza afirma haber cumplido con inspecciones y mantenimiento, pero estas declaraciones contrastan con los indicios técnicos y las denuncias locales.

Rol de la CONFIEP y ACCEP en el PNA

El Plan Nacional de Acción (PNA) de 2021 incorporó los PRNU en la política pública peruana e instó al Estado a promover la DDHH en el sector privado. La CONFIEP gremio cúpula empresarial asumió el compromiso de implementarlo. En este marco, la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP, afiliada a la CONFIEP) engloba a cadenas como Real Plaza. Por ello, centros como Real Plaza Trujillo estaban obligados a respetar estándares de seguridad y derechos humanos. Intercorp/InRetail y Real Plaza formalmente incorporaron estos principios en sus códigos éticos. No obstante, a la fecha ningún gremio ni empresa ha transparentado acciones concretas de debida diligencia (evaluación de riesgos, diálogo con partes interesadas, reparación) relativas al Real Plaza Trujillo. Esto pone en cuestión la efectividad de los compromisos empresariales asumidos en el PNA, puesto que su implementación práctica ha sido puramente declarativa.

Cobertura mediática y posible silenciamiento

La tragedia recibió amplia cobertura en medios nacionales e internacionales: diarios digitales, cadenas de TV y cadenas internacionales (p.ej. El País). Sin embargo, los medios independientes de investigación (por ejemplo, la revista Hildebrandt en sus trece y OjoPúblico) revelaron detalles que contrastan con la narrativa oficial. Hildebrandt dio acceso a videos en que se veían vigas corroídas y testimonios que denuncian obstrucción de inspectores por parte del mall. OjoPúblico reportó dudas sobre la imparcialidad de la fiscalía (un perito inicial ligado al contratista debió ser apartado). En contraste, algunos medios más grandes trataron la información con menores cuestionamientos a la empresa. Varias voces criticaron el “silencio” inicial del Real Plaza: tras prometer comunicación constante, la empresa creó un portal informativo («Real Plaza Informamos») pero lo actualizó por última vez el 26 de febrero, dejando 22 días sin novedades sobre atención a víctimas. En redes sociales y protestas ciudadanas (velas, pancartas) se exigió justicia mientras otros usuarios destacaron la ayuda solidaria de la comunidad. En conjunto, se ha apuntado a una tensión entre periodismo crítico y autocensura económica: la magnitud de Intercorp podría haber limitado cuestionamientos inmediatos en medios tradicionales, aunque el escrutinio público (y la presión en redes) obligó a revelar más información con el tiempo.

Respuesta institucional y sociedad civil

Las instituciones públicas reaccionaron rápidamente. La Fiscalía de La Libertad inició una investigación por homicidio culposo: designó un equipo de nueve peritos (ingenieros civiles y especialistas) para analizar las muestras del colapso. En las diligencias participaron fiscales, bomberos y técnicos (recopilaron evidencias, cámaras, planos). El presidente de la Junta de Fiscales señaló que el proceso puede durar hasta 8 meses por su complejidad. El Ministerio Público incautó expedientes municipales relacionados y aseguró su compromiso con una pesquisa transparente.

Por su parte, el Congreso formó una Comisión de Fiscalización que realizó una sesión descentralizada en Trujillo (7 mar 2025). Allí se relató la coordinación con bomberos y salud (80 heridos, 6 muertos) y se exigió al Real Plaza actuar en favor de las víctimas. El presidente de la comisión, Juan Burgos, lamentó la ausencia de representantes de Intercorp/Real Plaza (que habían confirmado asistencia), por lo que se anunció una nueva citación. Ya en marzo, otra audiencia congresal registró al vicepresidente de Real Plaza evitando detallar indemnizaciones (aplicable por confidencialidad).

Organizaciones profesionales y la sociedad civil también se involucraron: el Colegio de Ingenieros de La Libertad ha señalado fallas estructurales (falta de acero de calidad) como causa probable. El Colegio de Arquitectos del Perú exigió reformar normas de inspección, advirtiendo que técnicos no especializados realizan inspecciones críticas y oponiéndose a proyectos de ley que debiliten los Certificados de Inspección Técnica. El Colegio de Abogados local cuestionó la imparcialidad de la investigación fiscal (vinculando a peritos con constructoras). Paralelamente, familias de víctimas y organizaciones de vecinos organizaron vigilias con velas y protestas en redes exigiendo justicia. En suma, la respuesta institucional fue amplia (Fiscalía, Congreso, Gobiernos Local/Regional, gremios) y existe presión ciudadana para que el caso no quede impune.

Reparaciones ofrecidas por la empresa y transparencia

Real Plaza/InRetail anunció varios mecanismos de apoyo a las víctimas, aunque con opacidad en los detalles. El CEO de InRetail informó la creación de un fondo inicial de S/20 millones para cubrir gastos médicos de los afectados. La asesora legal Romy Chang explicó que se habilitó una línea telefónica especial (601-4000, opción 9) para que los heridos y familias soliciten cobertura de tratamientos e indemnizaciones. Además, Real Plaza entregó cartas firmadas a 25 familias, comprometiéndose por escrito a pagar todos los gastos de salud e indemnizaciones que correspondan. Se informó también de acuerdos iniciales con dos familias y que ya se negocia con otras.

Sin embargo, la información pública es limitada. Ante el Congreso se afirmó haber “cerrado” 89 casos de indemnización, pero sin transparentar montos individuales. Incluso algún sobreviviente denunció haber recibido una oferta de compensación de solo S/1,200 para sus gastos, muy por debajo de lo que costó atender su atención médica. Varios familiares han dicho públicamente que no han visto formalmente ninguna indemnización concreta hasta ahora. Organismos de prensa independientes y asociaciones de víctimas advierten que las negociaciones se están llevando a cabo privadamente con aseguradoras, sin baremos claros de referencia. En la práctica, como en casos anteriores (p. ej. Utopía), los seguros corporativos del centro comercial cubrirán la mayor parte de las indemnizaciones. La empresa garantiza “indemnizar completamente” a las víctimas, pero los procesos han sido reservados (“a pedido expreso” de las familias) y sin supervisión externa. En resumen, Real Plaza implementó canales de ayuda (fondo médico, teléfonos, acuerdos escritos), pero la falta de transparencia en montos y criterios de compensación genera inquietud y exige seguimiento público.

Comparaciones con casos previos y repercusiones potenciales

Legal y socialmente, se ha comparado el caso con grandes tragedias pasadas, especialmente el incendio de la discoteca Utopía (2002) donde murieron 29 jóvenes. En Utopía las indemnizaciones se gestionaron casi exclusivamente con los seguros del local, y varios propietarios fueron condenados penalmente. En Real Plaza Trujillo se anticipa un proceso similar: expertos señalan que las aseguradoras buscarán acuerdos extrajudiciales (evitando largos juicios) y que los montos de indemnización en Perú son muy variables, sin normas claras. El abogado Dino Caro estima que el proceso judicial penal (fiscalía-investigación-acusación) podría durar varios años y propone crear una fiscalía ad hoc exclusiva para este caso, dada su complejidad (foco en construcción, supervisión y fallas estructurales). Además, advierte que negociar compensaciones no exime de responsabilidad penal a los directivos.

Culturalmente, el Real Plaza ha reavivado el debate sobre responsabilidad empresarial en Perú. Tras dos décadas sin grandes reformas regulatorias desde Utopía, este accidente público podría impulsar cambios normativos. El Colegio de Arquitectos ya exigió modificar la norma de inspecciones técnicas (DS 002-2018) para exigir que solo ingenieros civiles o arquitectos verifiquen la seguridad estructural. La presión ciudadana y mediática también podría fortalecer la aplicación real de la debida diligencia corporativa –un pilar de los PRNU– y la implementación del PNA de derechos humanos. En lo estructural, podrían revisarse procedimientos de construcción y mantenimiento de centros comerciales. En lo legal, este caso podría sentar precedente al vincular penalmente a altos ejecutivos empresariales por negligencia. En síntesis, se espera que el colapso del Real Plaza Trujillo tenga repercusiones en la fiscalización empresarial, la normativa de seguridad constructiva y la cultura de cumplimiento corporativo en el Perú, del mismo modo que Utopía cambió las expectativas de rendición de cuentas hace dos décadas.